En razón a la grave situación de riesgo de vulneraciones a los derechos a la vida, integridad, libertad, seguridad y libertades civiles y políticas de los habitantes de los municipios cordobeses de Chinú, Sahagún, Ciénaga de Oro, San Carlos, Chimá, Tuchín y San Andrés de Sotavento, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 011 de 2024. 

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“También la emitimos por la posible ocurrencia de infracciones al derecho internacional humanitario, debido al accionar indiscriminado de grupos armados ilegales, específicamente, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo”, indica el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El riesgo para la población civil está sucediendo por la expansión del narcotráfico, la utilización del territorio como tránsito, refugio y obtención de rentas ilícitas, la disputa territorial iniciada por miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) contra grupos locales de delincuencia común organizada, así como por retaliaciones entre grupos de “limpieza social”.

Las siete poblaciones alertadas, con sus áreas rurales, componen el espacio considerado como el núcleo indígena más importante del pueblo Zenú en Córdoba.

“Sus habitantes están vinculados ancestralmente a lazos de carácter étnico, cultural, económico y de familiaridad con los moradores de San Antonio de Palmitos, Sincelejo, Sampués, San Benito Abad, El Roble, La Unión y San Marcos, municipios sucreños donde, así mismo, han sido identificadas situaciones de riesgo para la población”, señala Carlos Camargo Assis. 

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La finalidad del control poblacional y territorial

La expansión y control poblacional y territorial del Frente Javier Yepes Cantero, de las AGC, que desde Montería, Cereté y Planeta Rica avanza de manera violenta hacia espacios de las subregiones del Medio Sinú y Sabanas, tiene como fin crear “zonas seguras” y de obtención de rentas criminales en nuevos corredores de movilidad que unan a ese territorio con el Bajo Cauca antioqueño, y La Mojana con el golfo de Morrosquillo. 

A ello se suma la generación de un escenario de disputa asimétrica entre el Javier Yepes y el Frente Manuel José Gaitán, de las AGC, en alianza con grupos ilegales que ofertan seguridad, contra grupos de delincuencia común organizada con presencia histórica en la zona. 

Lo que está ocurriendo ha derivado en el aumento de los riesgos para las comunidades, colectivos socialmente estigmatizados, líderes comunales, de víctimas, y presuntos colaboradores de los bandos rivales; igualmente, en restricciones a la movilidad y agresiones a misiones médicas, entre otras violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH).

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“Advertimos que el contexto de amenaza se materializa con los homicidios selectivos y de configuración múltiple, presentados como crímenes para imponer un orden represivo, la expansión del mercado local de sustancias psicoactivas y de la economía ilegal del narcotráfico, el aumento en la extorsión, inhibición de la denuncia y temor a represalias”, manifiesta el Defensor del Pueblo. 

Las 17 recomendaciones formuladas

Los siete municipios cuentan con instituciones en capacidad de atender las demandas de la población, pero la poca articulación entre entidades y autoridades étnicas, las rupturas del gobierno propio del pueblo Zenú, entre otras, reducen la capacidad para atender la creciente percepción de inseguridad.

“Emitimos, en consecuencia, 17 recomendaciones, para el Gobierno Nacional y autoridades locales, que contienen parámetros de focalización territorial y tiempos de respuesta, como el efectivo acceso a la administración de justicia, la adopción urgente de medidas de prevención temprana y protección apremiante en favor de los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, asistencia y atención humanitaria integral; adicionalmente, la superación de factores de vulnerabilidad socioeconómica de las poblaciones expuestas a riesgos”, enfatizó Camargo Assis.

*Con información de Defensoría del Pueblo